Don Adolfo Posada que fue catedrático de Derecho Político y de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo en los últimos años de 1898 y principios del siglo XX, escribió el Estudio Preliminar de la obra del profesor vienés Antón Menger, titulada “El Derecho Civil y los pobres”, que critica el Proyecto del Código Civil para el Imperio Alemán, por su falta de sensibilidad social que no permitía atender la situación de los obreros en aquella época.
En el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), la primera transmisión de un bien inmueble tras su construcción o rehabilitación se encuentra sujeta y no exenta del mismo, por en la misma el promotor debe repercutir el IVA al tipo correspondiente (las viviendas al tipo del 4% o del 10%, y el resto de los bienes inmuebles al 21%).
Una de las novedades para el ejercicio de 2016, figura en el artículo 7.1.a) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS):
“Serán contribuyentes del Impuesto, cuando tengan su residencia en territorio español:
a) Las personas jurídicas, excepto las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil’’.
Es decir que se incorporan al Impuesto sobre Sociedades unos nuevos contribuyentes, como son las Sociedades Civiles que tengan un objeto mercantil.
El Tribunal Supremo en sentencia 246/2017, de 23 de marzo de 2017, no ha aceptado el criterio de la Audiencia Nacional en su sentencia de 4 de diciembre de 2015, sobre la forma de llevar a cabo el control de la realización de horas extraordinarias establecida en el art. 35.5 del Estatuto de los Trabajadores, que dice lo siguiente: “ A efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el período fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente”. Para el Tribunal Supremo, este precepto constriñe el deber empresarial al registro diario de las horas extras y no al registro diario que toda la jornada laboral.
Jacques Delors, profesor de la Universidad Paris – Dauphine, mucho antes de ser Presidente de la Comisión de Bruselas desde 1985 a 1995, anunció los que iban a ser, y en parte siguen siendo, problemas socioeconómicos de las relaciones industriales en Europa. Su capacidad para prever lo que más tarde sucedió, exigió sosegados estudios para impedir que las leyes sociales se discutan o promulguen con una precipitación, que suele conducir a resultados no siempre deseados.
El que fue “el más europeo de los franceses”, nos lo describe con especial objetividad Alain Duhamel en su libro “Portraits Souvenirs (2012) en que examinó la vida política durante los últimos cincuenta años en el país galo, presentándole como un hombre de “inalterable seriedad, humanidad y sencillez… social demócrata en espíritu y católico en su alma… aunque católico de humor independiente…” y del que cabe decir, que bajos su autoridad, Europa experimentó una fuerte aceleración: Acta única, Mercado único, Referéndum de Maastricht, adopción del euro, Acuerdo de Schengen y adhesión de España, Portugal, seguido de Austria, Suecia y Finlandia…
La propina viene siendo objeto de un tratamiento normativo realmente reducido en la historia de nuestro Derecho de Trabajo, un poco más amplio en la doctrina y con especial extensión en la jurisprudencia.
Resulta interesante observar cómo la propina se encuentra en una especie de cruce de contratos: el del trabajador con el empresario, el del empresario con el cliente y el del cliente con el trabajador. A la vez, junto a los problemas jurídicos que se puedan plantear, aparecen también algunas notas sociológicas, debido a las opiniones diferentes en torno a aquella institución, según más tarde veremos.
Repasar de vez en cuando el proceso creativo de la normativa laboral, resulta siempre interesante para el laboralista que quiera recordar los vaivenes de nuestro Derecho de Trabajo, disciplina que, según se dijo, por Gerard Lyon-Caen, en unas ocasiones, es progresista, y en otras, no tiene más remedio que ser regresiva.
Rebuscando días pasados en nuestras colecciones legislativas, nos hemos encontrado con un Proyecto Ley de 26 de octubre de 1931 sobre “la intervención obrera en la gestión de las industrias”, en que hemos podido hallar aspectos, que podrían ser aplicados en el recién nacido 2017.
Nos limitaremos a hacer unas brevísimas apostillas al texto de tal Proyecto, dado que su claridad, buen sentido y prudencia, no hacen preciso grandes aclaraciones.
En el párrafo segundo del Preámbulo nos sorprendió una rotunda afirmación: “No hay motivo para que se alarme nadie” y, que nos hubiera puesto en guardia, si no hubiésemos recordado “la alarma” que causó entre los españoles el Decreto de Jurados de Empresa de 18 de agosto de 1947, instaurados por Decreto de 1953, y no se nos pasó tampoco por alto, las inquietudes que surgieron en algunos sectores, al leer el art. 129,2 de la Constitución Española: “Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa…” que hizo pensar a más de uno, en que se nos venía encima una rigurosa “autogestión obrera”, quizá por no haber reparado que la libertad de empresa estaba expresamente recogida en el art. 38 CE y que, el derecho de propiedad, se reconocía también en el art. 33 de la Magna Carta.
Pero sin negar por nuestra parte cierta inquietud por aquel “alarmante” aviso de aquel Proyecto de Ley, lo cierto es que nos reconfortamos inmediatamente leyendo: “El problema radica en acertar con el punto en que se inicie una mejora justa y con el ritmo que debe seguir en su progresiva marcha, no ya para alterar la fuerza económica del país, sino para robustecerla. Cuestión de medida y tacto”.
Poco se puede decir sobre tan sensato y razonable texto.
A continuación se hace referencia a lo que podíamos calificar como condicionamientos a que debían someterse todas las reformas laborales: “Los obreros habrán de aprender que su liberación es obra de educación y de sacrificio por el trabajo; en la que los patronos verán disiparse, acaso angustiados, su concepción absolutista de amos por derecho divino, para compartir con sus servidores la responsabilidad de una empresa ahora verdaderamente constitucional”.
No suelen ir bien las cosas cuando el trabajador se ve obligado a pedir a su empresario un anticipo de su salario, antes de que haya llegado la fecha para su abono. El Derecho de Trabajo no podía permanecer como simple espectador ante este tipo de situaciones, dado su carácter protector, debiendo esforzarse todo lo posible, para atemperar, al menos estos casos, siempre lamentables. Esto es lo que ha venido haciendo nuestra disciplina en las Leyes de Contrato de Trabajo de 1931, de 1944 y en la actualidad en el Estatuto de los Trabajadores, cuyo art. 29,1, párrafo segundo nos dice: “El trabajador, y con su autorización, sus representantes legales, tendrá derecho a percibir, sin que llegue el día señalado para el pago, anticipos a cuenta del trabajo ya realizado”. Nuestro Estatuto ha tenido más sensibilidad social que las normas anteriores al hacer desaparecer de su texto el apartado último de aquellas Leyes:… “pero también habrá de demostrar (el trabajador) la necesidad urgente de ello”.
El despacho ofrece sus servicios profesionales de asesoramiento sobre reclamación de las cantidades satisfechas en exceso por aplicación de las llamadas “cláusulas suelo” en los préstamos hipotecarios.
El Derecho del Trabajo debe reconocerse que es una disciplina inquieta y retozona. Por supuesto que tales características no causan extrañeza al iuslaboralista, perfecto conocedor de las presiones que se ejercen sobre las materias laborales, de tipo económico, político, sociológico e incluso tecnológico y que hacen inevitable el movimiento continuo de sus normas.
