Entre la infinidad de figuras que articula nuestro ordenamiento jurídico laboral con vistas a la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, quizás el recargo de prestaciones constituya la herramienta más eficaz para reparar, en lo posible –ya que la salud humana no tiene precio- las consecuencias dañosas que resultan de un siniestro laboral para el trabajador afectado por esa desgracia. En síntesis, y para quienes no conozcan esta figura les diré muy brevemente que constituye en esencia un aumento específico de las cantidades que corresponden al trabajador por el siniestro, entre el 30 y el 50 por ciento, que vienen establecidas en función de la entidad de la infracción, por incumplimiento de medidas.

La retribución de los Administradores de las Sociedades Mercantiles se regula en los artículos 217 y 218 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, en su redacción efectuada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. Sin embargo, en esta ocasión no vamos a analizar tal normativa, sino las consecuencias tributarias que derivan de la retribución de los Administradores de una Sociedad Mercantil.