El artículo 91.Uno.2.10º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA), nos indica que se aplica el tipo reducido del Impuesto –actualmente del 10%- a las obras de reparación y renovación realizadas en viviendas, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
Gijónbizzconect da nombre a un nuevo proyecto liderado por la Asociación de Jóvenes Empresarios del Principado de Asturias en colaboración con el Centro Municipal de Empresas de Gijón cuyo objetivo es conectar a los diferentes agentes del ecosistema empresarial apostando, en esta ocasión, por dinamizar a las pequeñas y medianas empresas de los polígonos industriales de Gijón.
El Tribunal Supremo ha reconocido los méritos de una opositora después de transcurridos ocho años de haberse presentado a las oposiciones del Principado de Asturias a los Cuerpos Docentes, convocadas por la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos.
Entre la infinidad de figuras que articula nuestro ordenamiento jurídico laboral con vistas a la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, quizás el recargo de prestaciones constituya la herramienta más eficaz para reparar, en lo posible –ya que la salud humana no tiene precio- las consecuencias dañosas que resultan de un siniestro laboral para el trabajador afectado por esa desgracia. En síntesis, y para quienes no conozcan esta figura les diré muy brevemente que constituye en esencia un aumento específico de las cantidades que corresponden al trabajador por el siniestro, entre el 30 y el 50 por ciento, que vienen establecidas en función de la entidad de la infracción, por incumplimiento de medidas.
Una de las decisiones que se han de tomar al hacer la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), cuando existe una unidad familiar, es la de realizarla de forma individual o conjunta. Al respecto, los programas, incluido el PADRE de la Agencia Tributaria, la forma más económica que resulta de los datos introducidos para hacer dicha Declaración del IRPF.
Actualmente resulta bastante habitual que si en una Comunidad de Propietarios se realizan obras en la fachada, el tejado, etc. o se procede a la sustitución de elementos comunes como pueden ser ascensores, calderas, etc., que se solicite y se perciba una subvención por parte del Ayuntamiento, Comunidad Autónoma u otros Organismos Públicos.
Vamos a analizar las consecuencias tributarias que tienen tales subvenciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Al respecto hay que considerar que las Comunidades de Propietarios, a efectos del IRPF, son Entidades en Régimen de Atribución de Rentas, a las que se refiere los artículos 86 a 90 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, lo que conlleva que las mismas no tributan ni por el IRPF, ni por el Impuesto sobre Sociedades, sino que son los socios –en este caso propietarios- los que tributan, en proporción a la cuota de participación en los elementos comunes, los que tributan en el IRPF, si son propietarios personas físicas, que suele ser lo más habitual.
En el artículo 7.e) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) decreta la exención a las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, siempre que su cuantía no sobrepase la establecida por la correspondiente normativa laboral. No obstante, esta norma general tiene dos excepciones:
La retribución de los Administradores de las Sociedades Mercantiles se regula en los artículos 217 y 218 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, en su redacción efectuada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. Sin embargo, en esta ocasión no vamos a analizar tal normativa, sino las consecuencias tributarias que derivan de la retribución de los Administradores de una Sociedad Mercantil.
Hace apenas unos días que han salido a la luz los llamados “Papeles de Panamá”, y ya son una presencia constante en los medios de comunicación. Todavía es pronto para saber cuáles serán sus consecuencias de toda índole, pues según parece no se ha hecho pública aún toda la información disponible, pero de momento ya han ocasionado la dimisión del primer ministro de Islandia, y han colocado bajo el foco mediático a personalidades de todo el mundo, tanto de la política como de la cultura y del espectáculo.
Lo primero que hay que advertir es que el hecho de tener participación en sociedades off-shore, en sí mismo considerado, no es ilícito. El problema surge cuando esas sociedades se utilizan para ocultar patrimonio al fisco, para lo cual son especialmente aptas dada la opacidad fiscal de los países donde están residenciadas (“paraísos fiscales”)
Es frecuente que las sociedades mercantiles prevean en sus Estatutos que la retribución de sus administradores consista, en todo o en parte, en una participación en los beneficios. Se trata de una previsión que tiene evidentes ventajas, ya que vincula a los administradores con la buena marcha de la sociedad e incentiva la consecución de beneficios para el accionista.
La determinación de la cuantía de la retribución reviste una cierta complejidad, derivada del hecho de que para calcular el Resultado del ejercicio, existe una partida no deducible fiscalmente como es el Impuesto sobre Beneficios, y sin embargo la propia retribución es un gasto que tiene la condición de deducible a los efectos del Impuesto sobre Sociedades.
