Grupo VD ha organizado un ciclo de sesiones informativas con el fin de divulgar los últimos criterios interpretativos publicados por la Fiscalía sobre la exoneración o atenuación de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Mediante estos desayunos de trabajo se pondrán en conocimiento de directivos y empleados afectados por la reforma del Código Penal, los requisitos y contenidos de los modelos de organización y gestión para la prevención de delitos.
La respuesta será positiva si la desobediencia es grave y culpable por parte del trabajador. Pero en ocasiones, aun constituyendo una falta sancionable, permite al Juez aplicar la teoría gradualista, considerando no procedente el despido sino otra sanción, que por supuesto debe imponer el empresario y no directamente el Juez, que se limitará a declarar el despido improcedente.
Uno de los delitos de indudable actualidad y con gran impacto en la economía y reputación empresarial es el denominado blanqueo de capitales, que prevé importantes penas para los autores y para las entidades a las que pertenezcan.
¿Qué conductas están castigadas en el Código Penal?
Serían las acciones consistentes en adquirir, poseer, utilizar, convertir, o transmitir bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, procedente esta última de un comportamiento ejecutado por el mismo autor -modalidad de autoblanqueo- o por cualquier tercera persona.
También resulta punible realizar cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos.
Grupo VD ha organizado un ciclo de sesiones informativas con el fin de divulgar los últimos criterios interpretativos publicados por la Fiscalía sobre la exoneración o atenuación de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Mediante estos desayunos de trabajo se pondrán en conocimiento de directivos y empleados afectados por la reforma del Código Penal, los requisitos y contenidos de los modelos de organización y gestión para la prevención de delitos.
Volver a hablar de “swaps” a estas alturas podría parecer, a primera vista, fuera de lugar. Estos derivados financieros alcanzaron gran notoriedad en el año 2009, cuando la subida de tipos de interés, causada por la crisis, hizo que muchos particulares se percataran de que aquello que habían contratado era algo distinto de lo que querían. Se inició así una avalancha de demandas judiciales, que halló cumplido reflejo en los medios de comunicación. Pero pronto fueron reemplazados en el interés público por otros productos no menos polémicos (preferentes, subordinadas, cláusulas suelo, acciones de Bankia…) y poco a poco los swaps fueron cayendo en el olvido.
Sin embargo, la Justicia tiene sus propios tiempos, y es ahora (años después) cuando el Tribunal Supremo está resolviendo los recursos de casación interpuestos en aquellos primeros casos. En el momento de redactar estas líneas, de sus últimas cincuenta Sentencias, no menos de catorce se refieren a permutas financieras. En ellas el Alto Tribunal perfila su doctrina en materia de error en la contratación de productos bancarios, sobre la base de la que ya había establecido en su Sentencia del Pleno de 20 de enero de 2014.
Cuando se acomete una reforma de calado, como es el caso, una de las cuestiones que mayor debate suscita es la aplicación del régimen transitorio dispuesto por el legislador, toda vez que con frecuencia las normas por éste dictadas dan lugar a distintas interpretaciones que terminan por merecer una incidencia fundamental en las decisiones a adoptar por los distintos operadores jurídicos, de modo y manera que disposiciones aparentemente claras no son tales tras llevar a cabo una necesaria confrontación con otras normas que integran el texto objeto de análisis y con la propia Exposición de Motivos que ilustra el espíritu del texto.
Con fecha 16 de septiembre del año en curso, la Sala de lo Civil de nuestro Tribunal Supremo dictó Sentencia resolviendo el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia dictada en el recurso de apelación nº 3403/2013, de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, con el Nº de Resolución 516/2015, Id. Cendoj: 28079110012015100484, desestimando en su totalidad el citado recurso y confirmando, por tanto, la sentencia recurrida en todos sus términos.
Desde la redacción del Código Penal del año 2010 las empresas pueden ser condenadas penalmente, pero no es hasta la última reforma, que acaba de entrar en vigor el pasado 1 de julio de 2015, cuando se viene a establecer la posibilidad de penar a la persona jurídica no sólo por hechos de sus administradores y directivos, sino también por los de sus empleados, cuando estos actúen por cuenta
y en beneficio de la empresa.
El 1 de enero de 2016 entra en vigor la ley 35/2015, con su nuevo sistema de valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.
Supone una modificación sustancial del conocido como “baremo”, que se viene aplicando desde hace 20 años y al que le urgía una adaptación a la realidad.
