Corren tiempos de muchos sobresaltos para los españoles. Entre las variadas causas para tal desazón, adquiere cada día más fuerza la ola de cleptomanía que se presenta de muchas formas: mediante la apropiación indebida de caudales públicos, la desviación de subvenciones del fin para el que estaban destinadas, unidas siempre a ciertas “propinillas” que entran en manos privadas, o la facilitación a buenos amigos a quienes se ayudó a “ascender” en su día, para la realización de obras que estaban bien demoradas o prohibidas, siempre siguiendo en este último caso el consejo de Quevedo:

El pasado 8 de febrero tuvo lugar en la sede de la CEOE en Madrid la jornada organizada por Hispajuris Abogados, red en la que está integrada el despacho, sobre cómo pueden evitar las empresas su responsabilidad penal y la imposición de sanciones que ello conlleva.

Recordemos que el Código Penal prevé que las empresas puedan ser declaradas penalmente responsables por delitos cometidos tanto por sus administradores y directivos como por sus trabajadores, en el ámbito de su actividad, y ser sancionadas, en función de la gravedad del delito, con multas económicas, pérdidas de subvenciones y ayudas públicas, incluso con suspensión de actividades y disolución, liquidación y cierre de la propia empresa.

A ello hay que añadir el coste reputacional que para la empresa puede suponer, en estos casos, verse “sentada en el banquillo” y expuesta a la opinión pública.

La forma de evitar la responsabilidad penal de la empresa es la implantación de un Programa de Prevención (Compliance Penal) que incluya medidas de vigilancia y control para prevenir la comisión de delitos.

Los ciudadanos tienen derecho a conocer la verdad verdadera de “los asuntos importantes para la vida común”, facilitándoles con ello conformar “una opinión política libre”, según repitió más de una vez nuestro Tribunal Constitucional.

La participación de los intelectuales – los auténticos intelectuales – en la vida política, siempre ha sido un tema complejo y polémico, habiendo dado lugar a una inmensa bibliografía en que se pueden encontrar las más diversas opiniones sobre su eficacia o ineficacia.

Pero, ¿qué es un intelectual? Para responder a esta pregunta vamos a comparar las definiciones dadas en nuestro Diccionario de la Lengua Española actual y en el del año 1803. En el primero se entiende como intelectual el “dedicado preferentemente al cultivo de las ciencias y de las letras”. En el segundo, se le identifica como el que se “dedica al estudio y la meditación”.

Como es sabido, el derecho penal contempla una gran variedad de figuras delictivas y se halla en constante evolución para dar respuesta a las nuevas dinámicas comisivas a través de los tipos criminales adecuados